El gobierno nacional renovará en los próximos días su ofensiva contra la intención del Reino Unido de explotar ilegalmente las aguas circundantes a las Islas Malvinas para obtener hidrocarburos, mediante una acción penal que buscará que sean juzgados los responsables de las empresas que instalaron en las últimas semanas una plataforma petrolera en la zona.


 

Así lo reveló en diálogo con Télam el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, en una entrevista con motivo de cumplirse mañana un nuevo aniversario del inicio del conflicto bélico de 1982.

"Una nueva plataforma petrolera acaba de llegar a las islas para realizar una de las exploraciones más importantes para procurar encontrar hidrocarburos en la zona, con un riesgo ambiental enorme", advirtió Filmus.

Para intentar contrarrestar el efecto de la plataforma que empezó a operar hace dos semanas, el gobierno nacional -en una presentación conjunta entre Cancillería y el ministerio de Planificación Federal- impulsará en los próximos días ante la justicia una demanda penal contra los responsables de esta explotación.

"Queremos que los dueños de las empresas sean juzgados de acuerdo a las leyes argentinas y el derecho internacional", dijo Filmus, quien expresó que el proceso "puede terminar con un pedido de captura por parte de jueces argentinos a quienes operan ilegalmente en el mar Argentino".

Con la presentación, se aplicará por primera vez el texto reformado en 2013 de la ley de hidrocarburos, que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.

La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición de que personas y compañías puedan operar en Argentina.

Esa nueva legislación fue rechazada, tras la aprobación, por el gobierno británico que consideró que la medida no rige en la zona de las islas y aseveró que su derecho es "legítimo" y "legal".

En diálogo con Télam, Filmus recordó que en 2010 y 2012, ante la presencia de otras plataformas, se habían iniciado acciones administrativas, pero remarcó que ésta será la primera vez que "se denuncie con nombre y apellido a los dueños de las empresas que están operando ilegítimamente".

Hacia finales del mes de febrero, la prensa fueguina informaba de la llegada a la zona de una plataforma marina de gran tamaño, perteneciente a un proyecto que está encabezado por Rockhopper y Falkland Oil and Gas, en colaboración con Premier Oil y Noble Energy.

La nueva ofensiva judicial contra el Reino Unido se dará a 33 años del inicio del conflicto bélico que enfrentó a ambos países, y a pocos días de que el gobierno británico anunciara un aumento en el presupuesto militar destinado a la base que se encuentra en las islas.

Esta semana, el gobierno argentino protestó formalmente, denunciando el "injustificado aumento del ya desmedido gasto militar británico" en Malvinas, a través de notas enviadas por el canciller Héctor Timerman a la ONU, la OEA, la Unasur y otros organismos internacionales.

"Los anuncios del Reino Unido no tienen ningún asidero ni ninguna justificación. Argentina de ninguna manera conforma una amenaza para las islas", dijo Filmus a Télam, y agregó que "ninguna de estas provocaciones cambiará la postura argentina de la diplomacia, la paz y la negociación".

 

(TELAM)

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