El pedido presentado por la Procuración General del Tesoro busca quitarle el caso a la Justicia Ciudad y que intervenga la Federal. Además, reclamó la invalides del fallo que le ordena al gobierno porteño el regreso de las clases presenciales.
La Procuración General del Tesoro a cargo de Carlos Zannini se presentó hoy ante la Justicia Federal para impugnar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño que habilitó el regreso de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto, también hay expectativa por lo que pueda decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde hay un pedido del Gobierno de la Ciudad.
El pedido presentado por la Procuración General del Tesoro busca quitarle el caso a la Justicia Ciudad y que intervenga la Federal. Los argumentos dados por el Gobierno Nacional es se trata de una decisión federal y no local, y que es una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.
Además, la Procuración del Tesoro reclamó la invalides del fallo que ayer dictó la Sala IV que le ordena al gobierno porteño el regreso de las clases presenciales en línea con lo que había opinado la fiscal y tal cual lo habían reclamado dos asociaciones civiles.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene para resolver el pedido hecho por el Gobierno porteño para dejar sin efecto esa parte del DNU que suspendió las clases presenciales por 15 días.
Esta mañana, el ministro de Justicia Martín Soria había señalado que el tribunal porteño "es manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales como es un DNU presidencial", y reclamó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
EL FALLO
Ayer la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires falló a favor de un planteo elevado por un grupo de padres y ONG que reclamaron el fin de semana la reapertura de las aulas y el dictado de clases presenciales en la Capital Federal, sin atender el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández para suspender toda actividad con asistencia en los establecimientos hasta el próximo 30 de abril.