La Justicia riojana terminó la investigación por la muerte Emanuel Garay sin llegar hasta los mandos superiores, pese a lo prometido.

 

“No me abandonen”, pedía Roque Garay, el papá del cadete, cuando el país entero miraba hacia La Rioja.

No pasó tanto tiempo. Fue apenas en febrero de este año.

Pero ahora que nadie mira se puede ver que nada fue como dijeron que sería.

Aseguraron que caerían hasta los jefes máximos. Mentira.

Juraron que pagarían incluso los cómplices secundarios. Falso.

Prometieron que no quedaría nada en pie. Pero lo único que se derrumbó es la esperanza de que haya justicia verdadera.

Emanuel Garay soñaba con ser policía como Roque, su papá, un oficial condecorado que se vanagloria de no haber faltado nunca a trabajar en 25 años de servicio. A fines de 2017, cuando decidió que había llegado la hora de su destino, fueron juntos a la Escuela de Cadetes para que conociera a sus futuros jefes.

Orgulloso, Roque le presentó uno a uno. Eran viejos camaradas, de esos que se hacen cuando uno pasa toda una vida en el mismo trabajo. Les pidió que se lo cuidaran, que no lo castigaran, que lo trataran lo mejor posible. Que no hicieran lo de siempre.

Son los que ahora están presos.

En la noche del 5 de febrero, a Roque lo llamaron para decirle que su hijo había terminado descompuesto su primer día de instrucción en la Escuela de Cadetes. Corrió al hospital y se encontró con un comisario de apellido Leguiza, alguna vez compañero suyo, que lo recibió con un pedido de disculpas. No sería hasta bastantes horas después que entendería por qué lo hacía.

Emanuel estaba en coma, deshidratado hasta el borde de la muerte. Roque le había recomendado aquella mañana, la de su ingreso a la Escuela, que se tirara al piso si no podía más. Que simulara un calambre si lo maltrataban. Nunca sabría por qué su hijo no lo hizo: al quinto día, el joven de 19 años moría sin haber recuperado nunca el conocimiento.

“Dejé la vida de mi hijo en manos de mis compañeros. Nunca pensé que me lo mataran”, le dijo Roque a Clarín por aquellos días.

“No me abandonen”, pidió.

Roque fue recibido por el presidente Mauricio Macri

Lo hizo cuando se empezó a saber lo que había ocurrido aquel 5 de febrero en la Escuela. A Emanuel, como a los otros aspirantes, lo habían sometido a una tortura extrema. Los habían dejado parados por horas en “la sartén”, una cancha de básquet de cemento donde la temperatura superaba holgada los 40 grados de sensación térmica que había en La Rioja. Los habían hecho correr, arrastrarse, volver a correr sin tomar jamás una gota de agua. Los habían sometido al trato más cruel, hasta mandarlos al hospital.

-Si se tiene que morir, que se muera, había dicho uno de los instructores a los compañeros que intentaron asistir a Emanuel cuando cayó derrumbado en medio del entrenamiento.

Una ambulancia había tardado más de media hora en ir a buscarlo y llevarlo al hospital, de donde no saldría nunca. Sus músculos se habían desintegrado por el castigo, dijeron los médicos. Otros 15 cadetes lo habían seguido casi en iguales condiciones de deshidratación, aunque sobrevivieron.

La muerte del cadete provocó un sismo en la provincia. El gobernador Sergio Casas removió al secretario de Seguridad, Luis Angulo, y al jefe de Policía de La Rioja, Luis Peláez.

“Quiero asegurarles que desde el cargo que ejerzo haré hasta lo imposible para llegar a fondo con los responsables, porque nadie puede arrebatar la vida a un joven con todo un futuro por delante y sobre todo con el sueño de servir a la comunidad”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter. “Emanuel no merecía esto”, admitió.

El mandatario le había dado sus condolencias en persona a Roque, quien luego viajó a Buenos Aires para ser recibido por el presidente Mauricio Macri. A todos les pedía lo mismo: que no lo abandonaran.

La Justicia fingió acción. Detuvo al subdirector general del Instituto de Seguridad, comisario mayor Dardo Nicolás Gordillo; al director de la Escuela de Cadetes, comisario inspector Ramón Alberto Leguiza; al jefe del Cuerpo de Personal Masculino, comisario Jorge Marcelo Leguiza (hermano del anterior); a la jefa del Cuerpo de Personal Femenino, comisaria Adriana Mabel Rodríguez; y a cuatro oficiales (Nadia Soledad Bravo, Elio Gonzalo Marcial, Ivana Karina Luna y Marcos Antonio Miranda). Los ocho fueron procesados por “homicidio calificado por abuso de la función, en concurso con lesiones graves calificadas por ensañamiento y abuso de la función y violación a los deberes de funcionario público por ejercicio abusivo de la autoridad”.

Roque recibió la noticia del procesamiento con cierto escepticismo. Pidió que se investigara “a todos, desde el ministro (de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Claudio “Kito”) Saúl para abajo”. Su abogado, José Nicolás Azcurra, señaló que también había que investigar hacia abajo: denunció que seis cadetes de segundo año -tres hombres y tres mujeres- habían intervenido activamente en el “baile”, lo que demostraba que la práctica era habitual e intrínseca al programa de entrenamiento.

“El Estado riojano es el principal responsable”, apuntó Azcurra.

Roque Garay en una marcha realizada a 4 días de la muerte de Emmanuel

Quien coincidió con él fue, curiosamente, el abogado defensor de los policías procesados, Raúl Vidable. Fue quien anticipó con más acierto lo que iba a ocurrir, allá por marzo: “Si el juez decide cerrar la instrucción acá, queda en evidencia que está encubriendo a Páez, Gómez y Angulo”.

Páez era Luis Páez, el jefe de Policía. Gómez era Teodoro Gómez, el director del Instituto de Seguridad. Y Angulo era Luis Angulo, el secretario de Seguridad. Es decir, los tres funcionarios más importantes vinculados a la Escuela de Cadetes, nexos fundamentales entre lo ocurrido y el Gobierno riojano.

Tal como había anticipado el abogado defensor, el juez Mario Martínez terminaría cerrando la instrucción con los primeros ocho detenidos. Para entonces, la presión era mucha: la Policía había abierto un “sumario interno” para que los posibles testigos declararan frente a la Fuerza antes que en la Justicia, de manera tal de condicionarlos. A algunos de los cadetes sobrevivientes los habían aleccionado para que mintieran sobre lo ocurrido el día de la muerte de Emanuel -uno ya fue denunciado por falso testimonio- y a otros los sometieron a un pacto de silencio como condición para seguir con su ingreso a la Policía. Desde la política, además, necesitaban que la causa se circunscribiera a algunos uniformados y no mucho más.

Poco le importó al juez que el abogado de Roque Garay solicitara una ampliación de la investigación que incluyera a más responsables. Lo hizo en un escrito donde destacó que actuaba “en la convicción de que en años anteriores han sucedido hechos similares” en la Escuela de Cadetes, “por tratarse de una metodología implementada como plan de estudios para todos quienes hayan pretendido ingresar a la Policía, brindándoles una deformación antes que una formación integral”.

“Miembros superiores de la Policía en toda su estructura piramidal, sin haber tenido intervención directa en la ejecución de estos delitos, son también penalmente responsables por ellos en calidad de autores, en virtud de la relación de poder sobre los ejecutores”, destacó Azcurra. “Son quienes tuvieron el dominio de la voluntad de los ejecutores, valiéndose de un aparato de poder organizado”, apuntó. “Estos individuos desarrollaron conjuntamente, desde la estructura estatal, un plan para hacer desistir de la incorporación a la Escuela de Cadetes, en razón de la gran demanda de ingreso y escasas vacantes de las que disponían”.

El dato es estrictamente real.

-No se olviden de que sólo deben quedar 53 ingresantes, se repetían los instructores el día en el que torturaron hasta la muerte a Emanuel. Los aspirantes eran 95.

Torturaban para eliminar a la mitad. Y, de paso, hacerse unos mangos.

“El objetivo era lograr que pidieran la baja o que desertaran, pues también era un claro negocio cobrar la inscripción y estudios médicos gravosos, sin reintegro de lo gastado, con personal policial sin la preparación exigible”, agregó el abogado.

Cuarenta personas que dictaban clases en la Escuela debieron ser suspendidas preventivamente tras la muerte de Emanuel porque no tenían título habilitante. Las clases se reiniciaron hace quince días, ahora bajo la órbita del Ministerio de Educación, aunque con la resistencia policial: el nuevo jefe de Policía, Marcelino Elizondo, señaló que sigue “sosteniendo que al policía lo debe formar un policía”.

Como si no hubieran matado a Emanuel.

“Resulta innegable la autoría de las autoridades jerárquicas de la Policía de la Provincia, donde se elaboraba el plan de estudios y se dictaban las reglamentaciones para la admisión de los aspirantes”, insistió Azcurra.

La Fiscalía no apoyó su pedido y la investigación quedó cerrada. En este momento al abogado sólo le queda esperar que el juez eleve el caso a juicio, oponerse y que lo oigan.

Para que Roque, hoy recluido en un campo del pueblo de 150 habitantes donde nació y repudiado por muchos de sus ex camaradas, no se sienta tan abandonado.

Ni esté tan solo como sus hijos, que el último martes marcharon como todos los días 5 para pedir justicia, ya casi sin compañía.

(FUENTE: CLARIN)

 

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